Con sorpresa recibió la Administración Distrital un proceso de cobro coactivo que adelanta en su contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, como resultado de la liquidación en el año 2018, de un convenio interadministrativo celebrado entre la Alcaldía de Cartagena y el ICBF.
 
La problemática tiene su origen en el 2015, cuando la Alcaldía de Cartagena firmó un convenio con el ICBF por una cifra cercana a los 26 mil millones de pesos, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos, para atender íntegramente a la población en condiciones de vulnerabilidad en el marco de la estrategia nacional para atención a la primera infancia, denominada “De cero a siempre”. El convenio se realizó en dos modalidades: primera infancia y familiar: mujeres gestantes y en periodo de lactancia.
 
El convenio 686 del 2015 fue liquidado 15 de junio de 2018, con un compromiso por parte del Distrito de reintegrar a favor del ICBF la suma de $1.028 millones. Al parecer este reintegro no se llevó a cabo, es por esta razón que el ICBF inició un proceso coactivo en contra del Distrito de Cartagena y ordenó el embargo de algunos de sus vehículos oficiales.
 
La Alcaldía de Cartagena está gestionando una mesa de trabajo con el ICBF para conciliar la presunta deuda a su favor, solicitar que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre los vehículos y esclarecer los hechos que dieron origen a esta problemática.