En un hecho histórico, más de 40 mil familias transformarán su calidad de vida.

La Dirección de Control Urbano, a través de la iniciativa “Cartagena se ordena”, busca formalizar asentamientos, víctimas de la informalidad por décadas, lo que ha provocado que no puedan acceder a servicios públicos y al gozo pleno de sus derechos.

Por medio de “Cartagena se ordena”, miles de familias podrán formalizar su hábitat y acceder a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Se priorizarán los territorios del suroriente, la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía), y las zonas insulares, donde se concentra la mayor cantidad de ocupaciones informales.

Cartagena de Indias D. T. y C., 30 de octubre de 2025. Cartagena es una de las ciudades más pobladas de Colombia, con un alto crecimiento demográfico que ha sido heterogéneo en los últimos años por distintas dinámicas como la recepción de migrantes, la llegada de familias desplazadas por la violencia en otras regiones y la desactualización por más de dos décadas del Plan de Ordenamiento Territorial; lo que ha provocado asentamientos informales y difícil acceso a techos dignos.

Por ello, mientras el Distrito avanza en el proceso de actualización del POT, y para fortalecer el urbanismo organizado, el goce de derechos ciudadanos y el acceso a viviendas dignas, seguras y con servicios públicos, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano y en articulación con la Universidad de Cartagena, inició el proceso de formulación de la Política Pública de Legalización Urbanística de Asentamientos Humanos Informales.

Esta es una apuesta ambiciosa de la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay, para garantizar el derecho a un hábitat digno, seguro y reconocido para miles de familias cartageneras.

Este lanzamiento marca un paso fundamental hacia la consolidación de un modelo de ciudad más ordenado e incluyente, donde el acceso al suelo urbano se convierta en una oportunidad real para las comunidades que históricamente han construido su vivienda desde la informalidad.

Gracias a esta política pública inédita en Colombia, más de 40 mil familias mejorarán de forma histórica su calidad de vida.

Una política pública que trascenderá alcaldes.

Al ser una política pública, la iniciativa trasciende los gobiernos y administraciones: la intervención en asentamientos dejará de depender de la voluntad o del enfoque particular de una gestión. Con esta política pública, la legalización urbanística se convierte en un proceso permanente, estable y de largo plazo, que garantiza continuidad en el reconocimiento y transformación de los territorios.

El proyecto hace parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, dentro de la línea estratégica Control Urbanístico y Territorial, reafirmando el compromiso del Distrito con la integración urbanística, la regularización del suelo y la planeación del crecimiento con justicia territorial.

Zonas priorizadas para beneficiarse con la política pública.

La política está dirigida a las personas que habitan en asentamientos humanos de origen informal, especialmente aquellas en condición de pobreza o vulnerabilidad. Se priorizarán los territorios del suroriente, la Localidad Industrial y de la Bahía, y las zonas insulares, donde se concentra la mayor cantidad de ocupaciones informales.

Participación con la gente y desde el territorio.

La formulación incorporará más de 70 espacios comunitarios de participación, entre mesas de trabajo, grupos focales y ejercicios de validación ciudadana. El propósito es asegurar que las voces y necesidades de los líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y entidades distritales estén en el centro de la construcción de la política.

Con esta política pública, Cartagena se posiciona como referente en el país al establecer un camino claro hacia la integración de los asentamientos informales a la ciudad formal. Gracias a ello, estas comunidades podrán acceder de manera directa a la oferta pública y a inversiones distritales para mejorar su entorno.

La legalización urbanística permitirá que en los barrios se desarrollen obras tan esperadas como vías, parques, redes de servicios públicos y demás equipamientos, mejorando radicalmente la calidad de vida de miles de hogares cartageneros.

Este proceso contará con el respaldo técnico de la Universidad de Cartagena, que aporta experiencia, lectura territorial y un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, consolidando una política sólida, viable y ajustada a la realidad de los barrios.

“La formulación de esta política representa un paso decisivo hacia una Cartagena más ordenada, que busca legalizar los asentamientos consolidados, llevar bienestar a las comunidades y promover un desarrollo equilibrado del territorio”, destacó Emilio Molina Barboza, director de la Dirección de Control Urbano.  

Por su parte, Bertha Arnedo Redondo, vicerrectora de Extensión y Proyección Social, destacó que para la Universidad de Cartagena, en el marco de su compromiso con la transformación social, es fundamental aportar al fortalecimiento de procesos que impactan directamente en las comunidades. “Hemos dispuesto profesionales especializados para contribuir al logro de los objetivos del Distrito”, resaltó.

Cartagena se ordena. Una ciudad que reconoce, legaliza y transforma sus barrios.

Fin del comunicado No. 1.814