El Juzgado 11 Penal Municipal declaró la nulidad de una decisión anterior, tras evidenciarse vicios de procedimiento e imprecisiones en la tutela instaurada por un ciudadano, sobre presuntas irregularidades en un contrato.

Cartagena de Indias D. T. y C., 16 de octubre de 2025. El pasado 29 de agosto de 2025, el Juzgado 11 Penal Municipal de Control Garantías de Cartagena, le dio un plazo de 48 horas a la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía (3) para emitir una respuesta de fondo y completa a la petición de un ciudadano, relacionada con un contrato de mejoramiento de viviendas y saneamiento básico en el corregimiento de Pasacaballos y la vereda Bajo del Tigre.

Sin embargo, tal como demostró Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad 3, la petición fue hecha a canales de comunicación, brindados por el veedor Carlos Manuel Cruzante, que no eran los que maneja la alcaldesa.

Por ende, al no haber llegado la petición por medios convencionales, la información solicitada a la Alcaldía Local no se aportó; lo que derivó en que, posteriormente, el 25 de septiembre de 2025, la jueza Lilia Jiménez Rodríguez decidiera que la alcaldesa incurrió en desacato al fallo de tutela del 29 de agosto.

Por ende, el Juzgado impuso contra Garrido una sanción de arresto por cinco días y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, en su apelación al fallo y petición de nulidad de lo decidido, la alcaldesa Yucelis Garrido aportó toda la información y el material probatorio para desestimar las acusaciones de supuestas irregularidades en el contrato; además, demostró que no se violó el derecho fundamental de petición y que, incluso, los soportes y detalles de las obras están para la consulta pública en la plataforma Secop II.

Por otro lado, la alcaldesa Yucelis Garrido probó que hubo vicios de procedimiento en el proceso; lo que fue reconocido por la jueza, quien terminó declarando la nulidad de lo decidido anteriormente y archivando el proceso.

“Siempre es gratificante cuando la justicia triunfa frente a campañas de desprestigio o señalamientos injuriosos a una gestión que, como nos comprometimos todos los alcaldes locales con el alcalde Dumek Turbay, tiene que ser transparente, legal y coherente con el Plan de Desarrollo, Cartagena, ciudad de derechos. Logramos demostrar que los señalamientos de presunta corrupción y supuestas irregularidades carecen de veracidad”, explicó la alcaldesa Yucelis Garrido.

Y añadió: “Todos los ciudadanos, líderes comunales y veedores están en su derecho de solicitar información, hacer veeduría y control social; lo que sí no se puede permitir es jugar con la verdad e inducir al error a la justicia”.

En la tutela desestimada por el Juzgado, Carlos Manuel Cruzante expuso que la Alcaldía Local 3 había incurrido en sobrecostos en el contrato y que en las obras se habían contratado a menores de edad, para así no pagar seguridad social. Además, señaló que los materiales utilizados habían sido de mala calidad. La jueza, tras revisar la información y las pruebas allegadas por Garrido, desestimó estas denuncias.

Fin del comunicado No. 1.738