En un reciente fallo, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena de Indias declaró improcedente la acción de tutela presentada por una residente del sector de Chambacú, y las demás acciones constitucionales acumuladas, ratificando la legalidad del proceso de restitución del bien de uso público adelantado por la administración distrital y la Inspección de Policía Comuna 2.

Cartagena de Indias D. T. y C., 5 de diciembre de 2025. El Distrito de Cartagena ganó once (11) nuevas acciones de tutela en su contra, en el marco del proceso de recuperación del espacio público en el sector de Chambacú, como una iniciativa del alcalde Dumek Turbay  que hoy le devuelve a los cartageneros una zona que será para su uso y disfrute, con el Nuevo Chambacú y vías que descongestionarán una de las vías más concurridas de la ciudad, tras décadas de uso ilícito por parte de terceros.

En un reciente fallo, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena de Indias declaró improcedente la acción de tutela presentada por una residente del sector de Chambacú, y las demás acciones constitucionales acumuladas, ratificando la legalidad del proceso de restitución del bien de uso público adelantado por la administración distrital y la Inspección de Policía Comuna 2.

La sentencia, proferida el 28 de noviembre de 2025, se suma a la jurisprudencia favorable al Distrito, que busca salvaguardar  los bienes públicos de la ciudad y consolidar el ordenamiento territorial.

Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, destacó la firmeza con que la administración ha encarado los desafíos jurídicos que buscan frenar el cumplimiento de la ley: “Desde la Oficina Asesora Jurídica hemos defendido los intereses del Distrito y eso lo demuestran los fallos declarados improcedentes en el proceso del caso Chambacú”.

La sentencia: imposibilidad de tutelar la ocupación ilegal

La acción de tutela, interpuesta por Daylester Fontalvo Fernandez, con la acumulación de otras 10 acciones, se dirigía contra la Alcaldía Mayor de Cartagena, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y la Inspección de Policía de Torices. La demandante alegaba la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad y debido proceso, buscando la suspensión inmediata del desalojo programado.

El Juzgado Doce Civil Municipal, al analizar el caso, concluyó que la acción de tutela era improcedente, por cuanto la diligencia de restitución ya había sido materializada en fechas previas y, fundamentalmente, porque el proceso policivo que culminó con la Orden Policiva No. 003 de enero 31 de 2025 cumplió con todas las etapas legales, incluyendo audiencias de argumentos, conciliación, pruebas, inspección ocular y recursos de reposición y apelación.

El Despacho Judicial fue enfático en señalar que el derecho a la vivienda digna del accionante no estaba siendo vulnerado por la Alcaldía, dado que "no es obligación de las entidades accionadas suministrar al accionante un lugar de vivienda o un trabajo ya que el mismo ha sido encontrado como un infractor y ocupante ilegal de un inmueble de uso público y de naturaleza pública". El fallo subraya la necesidad de respetar el proceso policivo, que se tramitó en ejercicio de la función jurisdiccional excepcional de la autoridad de policía.

11 tutelas: ¿qué implica la acumulación?

El resultado de la acumulación es que la decisión del Juzgado Doce Civil Municipal aplica para todos los accionantes cuyos casos fueron agrupados.

El fallo definitivo, tal como lo menciona la parte resolutiva, fue: "PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela con radicado... impetrada por DAYLESTER FONTALVO FERNÁNDEZ contra LA INSPECCIÓN DE POLICÍA... de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído." Y en la parte motiva: "...este Juzgado se dispondrá a declarar la improcedencia de las acciones constitucionales acumuladas, tal como se dispondrá en la resolutiva de este proveído.”

El Jefe de la Oficina Jurídica precisó que estas decisiones judiciales reafirman el compromiso de la ciudad con la defensa de los bienes de uso público, que son patrimonio de todos los cartageneros. La continuidad de los fallos favorables valida la actuación administrativa y policiva de la Alcaldía.

Fin del comunicado No. 2.017