Este artículo analiza la Sentencia T-311 de 2024 de la Corte Constitucional colombiana, en la cual se reconoce la necesidad de emplear un lenguaje claro y comprensible en las actuaciones judiciales y administrativas, con especial énfasis en los procesos policivos. A partir del estudio del caso de un ciudadano afectado por la falta de claridad en una decisión de inspección de policía, se examinan los impactos jurídicos y sociales del uso de un lenguaje técnico o inaccesible. Se reflexiona también sobre la responsabilidad de las entidades públicas y los funcionarios en la interacción cotidiana con los usuarios, y se propone la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para facilitar la comprensión y efectividad de las comunicaciones institucionales. El trabajo destaca la importancia del lenguaje claro como garantía sustantiva del debido proceso, la participación ciudadana y el acceso real a la justicia.