La figura de la confesión ha cobrado una especial relevancia en el procedimiento disciplinario, no solo como medio de prueba, sino también como mecanismo que incide directamente en la economía procesal y en la modulación de la sanción. Con la entrada en vigor del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y su reforma mediante la Ley 2094 de 2021, se incorporó una regulación específica que le otorga un marco normativo propio, diferenciándola de la tradicional remisión al procedimiento penal.

 En este contexto, este artículo revisa el alcance jurídico de la confesión disciplinaria, sus requisitos, sus efectos sustanciales y procesales, y su valoración probatoria a la luz de la nueva codificación. Se destacan, además, desarrollos jurisprudenciales recientes que han contribuido a precisar su aplicación, en especial el criterio adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el radicado 17001250200020230034701 de 2025, en el que se reconocen beneficios derivados de una confesión rendida en etapa instructiva. Lo anterior permite reflexionar sobre el impacto de esta figura en el fortalecimiento de un modelo garantista, eficaz y respetuoso de los derechos del servidor público.