El presente trabajo analiza la acción popular como mecanismo procesal para la protección de derechos e intereses colectivos en Colombia, con especial atención en los aspectos probatorios. Se analiza la naturaleza jurídica de los derechos colectivos, su origen histórico desde el Derecho Romano hasta su consolidación constitucional en 1991, y el desarrollo normativo a través de la Ley 472 de 1998. Se aborda la competencia judicial y se profundiza en el régimen probatorio, destacando la importancia de la prueba documental, pericial, inspección judicial, testigo técnico y testimonial en litigios colectivos, especialmente en materia ambiental. El estudio concluye que la acción popular es un instrumento esencial para prevenir y detener amenazas a bienes colectivos, dotado de un sistema probatorio flexible y orientado a garantizar la protección efectiva del interés general.